BPW Spain lanza la campaña #FrenaElEcocidio ante el hecho de que el 55% de los incendios en España son intencionados

Canarias 24/agosto/2023.- La Federación de Mujeres Empresarias y Profesionales de España
(BPW Spain) ha lanzado la campaña #FrenaElEcocidio para que el ecocidio sea incluído en el
Código Penal ante el hecho de que el 55% de los incendios en España han sido intencionados.
La introducción en el Código Penal supondría un endurecimiento de las penas, que los delitos
medioambientales sean considerados como crímenes de lesa humanidad y que no queden
impunes. Una iniciativa que nace a propuesta de BPW Canarias ante el grave incendio que
sufre la isla de Tenerife desde hace una semana y cuyas causas han sido intencionadas según
ha confirmado la Guardia Civil.
La catástrofe de Tenerife ha dejado hasta ahora más de 15.000 hectáreas quemadas, en un
perímetro de 90 kilómetros, ha afectado a siete espacios protegidos y ha supuesto la
desaparición de buena parte de la Corona Forestal, la amenaza de especies protegidas y la
evacuación de miles de personas. BPW Spain a través de la Asociación en Canarias ha puesto
en marcha una web con toda la información www.bpwcanarias.org y la recogida de firmas se
está realizando a través de la plataforma Change.org.
La presidenta de BPW Spain, Silvia Vigatà González ha remarcado que “no estamos ante un
problema puntual. España es el país europeo más afectado por los incendios forestales en
2023, llevamos en este año cerca de 80.000 hectáreas quemadas, muchas de ellas por
incendios provocados. La amenaza constante a la que el medio ambiente está siendo sometido
como resultado de la degradación que pone en peligro los ecosistemas y la vida humana debe
ser una prioridad en la agenda política y debe implicar cambios legislativos”.
La solicitud de la Federación será presentada en Ayuntamientos, Cabildos, Diputaciones y
Gobiernos Autonómicos para que apoyen la iniciativa en sus sesiones plenarias y poder dar
traslado al Gobierno Central.
La Federación de Mujeres Empresarias y Profesionales solicita que se reforme el Código Penal
español y se introduzca el delito de ecocidio como “cualquier acto ilícito o arbitrario cometido a
sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean
extensos o duraderos al medio ambiente”.
Asimismo, la petición recoge que la introducción de este nuevo delito lleve aparejadas penas
sustanciales por tratarse de delitos no sólo medioambientales sino contra la humanidad en su
conjunto, al comprometer el futuro de las generaciones venideras. Hay que tener en cuenta
que actualmente, por incendiar una zona forestal con efectos de especial gravedad puede
suponer una pena de prisión de entre 3 y 6 años, con una multa de 18 a 24 meses; si el
incendio ha puesto en riesgo vidas humanas las penas oscilan de 10 a 20 años de prisión, y una
multa de 12 a 24 meses. Con la figura del ecocidio dentro del Código Penal, esas penas
aumentarían.
Desde BPW Spain se solicita que se constate el reconocimiento del ecocidio como delito
ecológico y crimen internacional con el objetivo de disuadir prácticas destructivas que ponen
en peligro los derechos humanos y el medio ambiente. Además, habría que analizar porqué el
93,3% de delitos ambientales en España entre 2015 y 2020 quedaron sin juzgar.
En este sentido, desde Canarias, la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y
Profesionales, Antonia Varela Pérez apuesta por la creación de una Red Mundial de Mujeres
para la defensa de la Naturaleza a través del medio millón de mujeres que conforman el primer
lobby mundial femenino BPW International (Business and Professional Women). En este
sentido, la solicitud será presentada ante Naciones Unidas.

Ecocidio
Se entiende el ecocidio como todo acto ilegal o derivado de un defecto grave de previsión o
precaución cometido por estados, empresas públicas o privadas, o individuos y grupos de
individuos sabiendo que es altamente probable que cause un daño grave, extenso y duradero
al medio ambiente. Una definición que se recoge en la redacción propuesta por el Grupo de
Expertos Independientes para la Definición Jurídica del Ecocidio de junio de 2021, es la
propuesta por la plataforma Stop Ecocide, que presentó ante la ONU y como reforma del
Estatuto de Roma. Además, un ecocidio lleva aparejado mucho más que la destrucción de la
naturaleza, ya que supone la destrucción de hábitats, especies y ecosistemas, por lo que es
importante que el ecocidio se sitúe al mismo nivel legal y ético que los peores crímenes que se
puedan cometer.
En este sentido, hay que tener en cuenta que España tiene 16 Parques Nacionales (4 de los
cuales están en Canarias), 49 Reservas de la Biosfera (7 en Canarias) y 195 Parques Naturales
(11 de ellos en Canarias) que ya cuentan con protección jurídica específica que no debe ser
violada.

Francia ya lo contempla
A falta de un tratado internacional que reconozca y persiga el ecocidio, algunos países ya han
aprobado leyes nacionales. Por ejemplo, en 2020, Francia aprobó una ley que tipifica el
ecocidio como delito punible con hasta 10 años de prisión y una multa de hasta 4,5 millones de euros.

Mayor prevención
En este sentido, desde BPW se pide un mayor endurecimiento de las penas, una mejor gestión de
nuestro patrimonio natural, políticas de prevención, así como una mayor conciencia medioambiental.
Desde BPW queremos que comportamientos intencionados o con grave imprudencia, activos u omisivos,
que produzcan catástrofes como estas, sean considerados ecocidio, al atentar contra bienes de la
humanidad y de las generaciones futuras.
La protección ambiental y de las zonas agrícolas-ganaderas requiere un enfoque a largo plazo y no se
limita únicamente al endurecimiento de sanciones. El consenso social de las leyes medioambientales es
esencial y exige estrategias legales, institucionales y educativas coordinadas.
Para fortalecer el cumplimiento de la normativa medioambiental, las instituciones deben comunicar
activamente su labor, demostrar que su trabajo funciona y es relevante para el medio ambiente y que de
hecho, este sirve como estrategia disuasoria. Es necesario hacer pública la gravedad de las infracciones
medioambientales, de cualquier índole, de tal forma que contribuyamos a que el reproche de la
sociedad sea integral.
Desde BPW Canarias consideramos que la educación ambiental es crucial para el cambio de
comportamiento a largo plazo, ya que fomenta actitudes pro-ambientales y sensibiliza sobre la gravedad
de las acciones anti-ecológicas, impulsando así la denuncia de estas conductas por parte de la
ciudadanía.

Para más información: 637301998, rosalbadiadiaz@gmail.com
Rosalba Díaz, vicepresidenta de BPW Canarias.
Comité de Comunicación y Relaciones Institucionales.