Esta iniciativa surge como respuesta a la resolución del 11 de noviembre, de la Dirección General de Salud Pública que establece un control para todos los pasajeros internacionales llegados a puertos y aeropuertos españoles, donde deberán presentar una prueba negativa de COVID-19.
Esta medida entrará en vigor a partir del próximo 23 de noviembre y superará las restricciones que ya se llevaban a cabo en Canarias. El gobierno insular había decidido, desde el pasado 14 de noviembre, exigir esta prueba a todos los turistas que entraban, pero con una gran diferencia: aceptaban la prueba de antígenos como válida.
En España, tanto las PCR (RT-PCR para COVID-19) como los test de antígenos son pruebas homologadas y tienen igual validez. Por supuesto, existen diferencias entre ambas. Las PCR analizan el material genético en la mucosa, una operación con alta sensibilidad que requiere horas de procesado en el laboratorio y un elevado coste (los precios de mercado superan los 100 euros por prueba). Los test de antígenos mantienen una fiabilidad muy alta en casos positivos y tienen un coste económico inferior al 10% del coste total de las PCR. Además se consiguen resultados definitivos en pocas horas.
Desde el sector turístico reclaman poder usar este tipo de prueba en todo el territorio nacional -o al menos en Canarias, donde ya estaban implementados-. Cargar a empresas o turistas del coste de una prueba tan cara podría suponer la puntilla para un sector tan debilitado, mientras que la lentitud para el procesado de los resultados obligaría a los turistas a perder al menos uno de los días de estancia (el 80% de los viajeros lo hace por 3 noches o menos).
A esta iniciativa se han querido adherir también los principales turoperadores alemanes, alineados a la CEHAT. Su presidente, Jorge Marichal apunta: “Si queremos que el turismo vuelva a ser un sector estratégico para la economíaespañola, hay que facilitar las cosas volviendo a generar empleo y riqueza para la sociedad”.