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Torres anuncia al CEST que el Ejecutivo autonómico financiará la realización de test a los peninsulares que lleguen a las Islas.
El Gobierno de España deberá modificar la resolución que empezará a aplicarse el próximo lunes, 23 de noviembre, una vez tomada por parte de la Unión Europea la decisión de homologar los test de antígenos, una opción defendida por las patronales turísticas en línea con lo que hace meses ha venido demandándose desde el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife. En su defecto, el Ejecutivo autonómico tiene previsto impugnar dicha resolución de la Administración del Estado para empezar a realizar los test de antígenos en los aeropuertos y puertos de las Islas, decisión para la que nuestra Comunidad Autónoma tendría plenas competencias siendo una acción que se desarrollaría en los territorios insulares.
Éstas han sido algunas de las decisiones que han anunciado en el transcurso de una reunión celebrada esta mañana en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, encuentro que han mantenido el presidente, Ángel Víctor Torres, con el presidente del CEST, Roberto Ucelay, junto a otros representantes empresariales.
En la idea de poner en marcha controles también para los viajeros procedentes de otras Comunidades Autónomas, el presidente adelantó a los representantes del Círculo de Empresarios del Sur la intención del Gobierno regional de costear los test que se realicen a quienes lleguen a nuestro Archipiélago procedentes de cualquier punto de la Península.
En el transcurso de la reunión de trabajo en Presidencia del Gobierno se abordó igualmente la necesidad de impulsar desde las Administraciones líneas de ayuda y apoyo a miles de empresas del sector de la restauración y del ocio —entretenimiento y espectáculos— especialmente afectadas por las medidas que se han adoptado con el objetivo de mejorar la contención del COVID-19.
En este orden de cosas, el presidente se ha comprometido a buscar fórmulas que se traduzcan en líneas de apoyo a un sector que se ha visto obligado a cerrar establecimientos, limitar de forma muy significativa sus horarios y aforos o, en el caso de los promotores de espectáculos y artistas, a suspender eventos y actuaciones.
